Una tarde buscando un precedente en un sistema de consulta judicial escribí exactamente lo que necesitaba con términos precisos y fechas aproximadas. El sistema me devolvió cero resultados aunque sabía que el documento existía porque lo había visto antes en papel. Después de media hora probando combinaciones encontré el archivo que simplemente no había sido indexado de la manera esperada. Esa decisión técnica sobre cómo organizar la información tuvo consecuencias reales en mi trabajo y pudo haberlas tenido en una decisión judicial.
Cuando un sistema de información recibe miles de documentos necesita un proceso llamado indexación para organizarlos. Es similar al índice de un libro donde alguien decide qué términos merecen aparecer y cuáles quedan invisibles para quien busca rápido. Los sistemas digitales hacen esto a escala masiva con reglas que deciden qué campos son buscables y qué texto entra al índice. Si las reglas funcionan mal la información no desaparece pero queda efectivamente fuera del alcance de los usuarios.
He trabajado con varios sistemas de gestión judicial en Colombia y el patrón se repite constantemente. La capacidad de encontrar un expediente o una actuación depende de criterios de indexación que casi nunca están documentados. Un juez que busca precedentes puede encontrar resultados muy distintos dependiendo de los términos que use sin saber cuál posibilidad es más cercana a la realidad. Construí Sherlock-docs para analizar documentos judiciales con más control sobre estos procesos sabiendo que la opacidad le cuesta tiempo valioso a quien trabaja con derecho.
Con AgilEx llevé esta idea de apertura un paso más allá para automatizar la creación de índices electrónicos de expedientes. A diferencia de los sistemas institucionales cerrados AgilEx tiene licencia MIT y su código es público para cualquier ciudadano. El ejecutable v1.5.1 está firmado digitalmente con SHA256 para asegurar que lo que corre en el juzgado es exactamente lo que aparece en el repositorio. Esta transparencia elimina la opacidad por diseño y permite que el usuario verifique las reglas que organizan su trabajo diario.
En derecho la información relevante para un proceso no puede quedar arbitrariamente fuera del alcance de las partes. El artículo 29 de la Constitución Política garantiza un proceso público con todas las garantías lo que incluye el acceso a los elementos que informan las decisiones. Cuando un sistema no indexa correctamente un precedente el resultado tiene consecuencias procesales directas. Alguien podría encontrar solo la jurisprudencia que el sistema hizo visible sin que nadie firmara un documento explicando esas reglas de visibilidad.
La transparencia algorítmica establece que cualquier persona afectada por una decisión automatizada tiene derecho a saber cómo funciona el sistema. Europa ya exige explicabilidad para los sistemas de IA usados en la administración de justicia mediante su nueva ley de inteligencia artificial. Colombia también tiene normativa avanzada como el CONPES 4144 de 2025 que establece la gobernanza algorítmica como una exigencia para entidades públicas. El Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura obliga a informar el uso de herramientas de IA y la Sentencia T-323 de 2024 prohíbe la sustitución de la racionalidad humana.
Un sistema de información judicial debería documentar sus criterios de indexación en lenguaje accesible para jueces y litigantes. En Sherlock-docs la Model Card pública detalla qué modelos procesan la información y cuáles son sus limitaciones técnicas. Un F1 de 78% en la extracción de datos significa que el operador sabe exactamente qué campos debe revisar con más cuidado. Esta trazabilidad permite que las correcciones acumuladas muestren dónde el sistema falla de forma sistemática para mejorar su precisión con el tiempo.
El diseño de estas herramientas debe involucrar a quienes las usan diariamente en los despachos judiciales. Un sistema diseñado exclusivamente por ingenieros sin la participación de jueces o auxiliares suele resolver el problema equivocado. Aunque el CONPES 4144 asigna la responsabilidad al funcionario que usa la herramienta todavía falta resolver cómo auditar sistemas que no permiten inspección interna. La ausencia de intención no elimina el efecto de un algoritmo que produce resultados sesgados con consecuencias jurídicas reales.
Colombia tiene ahora los principios normativos para exigir transparencia en sus sistemas judiciales pero falta que lleguen a las especificaciones técnicas. Un precedente que existe pero no aparece en pantalla refleja una realidad distorsionada por el índice. La distancia entre el marco legal y la práctica diaria se cerrará cuando la apertura sea la regla y no la excepción. Solo así podremos confiar plenamente en que lo que vemos en pantalla refleja la totalidad del expediente judicial.
Este post es parte de la serie [Pensando] donde exploro las tensiones entre tecnología y derecho en el sistema judicial colombiano.